Este es uno de nuestros fundamentos. Lo consideramos básico para la ciudadanía, para la calidad de vida y la posibilidad de asegurar a las futuras generaciones un lugar apto para vivir en buenas condiciones físicas y medioambientales.
Por un lado, la justicia ambiental hace referencia al hecho de que ningún grupo de población cargue con un porcentaje desproporcionado de impactos ambientales negativos, consecuencia de las actividades industriales, comerciales o de las políticas y programas públicos realizados o no realizados. Desde esta filosofía se defiende que las poblaciones afectadas puedan participar en las decisiones relacionadas con las actividades que perjudican su medio ambiente y/o salud.
Por otro lado, el desarrollo sostenible consiste en un uso racional de los recursos, de modo que no se impida a otros grupos o a futuras generaciones su utilización, poniendo en riesgo su posible supervivencia.
Si tenemos en cuenta lo descrito sobre nuestro fundamento, la mayoría de los lectores estarían de acuerdo en afirmar que, hasta ahora, ningún equipo de gobierno local lo ha tenido en cuenta. Si analizamos las noticias aparecidas en los medios, nos daremos cuenta de que Muskiz, salvo en honrosas y contadas ocasiones (regeneración de vegetación en la playa, plantación de árboles), ha sido titular en relación con noticias de proyectos nocivos para la salud y el medioambiente.
En primer lugar podemos mencionar el proyecto URF de la empresa Petróleos del Norte S.A., que incluye una planta de coke y una planta de cogeneración eléctrica. Si el hecho de permitir la construcción de una refinería en una marisma y a escasos metros de la población ya supuso un grave ataque medioambiental y a nuestra salud (más índice de mortalidad en Muskiz, más casos de afecciones respiratorias etc sobre todo en niños-as, contaminación del agua del río y del mar, ruido excesivo, malos olores y riesgos de explosión), el actual equipo de gobierno concedió las licencias pertinentes para el proyecto URF (de manera ilegal sin el preceptivo informe de Costas). Aumentarán los niveles de emisión de productos altamente contaminantes al aire y al mar además de otras consecuencias negativas con el consiguiente deterioro de nuestra salud y del medioambiente.
En segundo lugar debemos hablar del proyecto de torres de alta tensión. En 2006, el Ayuntamiento, presidido por PNV, recibió la solicitud de Declaración de Impacto Ambiental en el Gobierno Vasco pero no realizó ninguna alegación. El proyecto atraviesa la marisma del Barbadún, de hecho ya se puede ver el destrozo realizado en los montes que rodean nuestro pueblo y el impacto visual de las torres que quedan más cercanas a las carreteras. A estas alturas, la ciudadanía en general está informada de los efectos nocivos para la salud y el medioambiente de las ondas electromagnéticas, y, más aún, las generadas por alta tensión, en este caso, una doble línea de 400.000 voltios.
En tercer lugar, y no por ello menos importante, vemos como el proyecto de dragado de 10.000.000 m3 de arena del fondo de la playa La Arena es un despropósito medioambiental. Ya en 2003 la Autoridad Portuaria envió copia del proyecto al Ayuntamiento, dirigido por PNV, y éste no hizo ninguna alegación. Según la Ley de Costas, no se pueden sacar estos recursos excepto para relleno de playas. En el caso de nuestra playa ni tan siquiera para eso debido a su alto nivel de contaminación. Esta mega extracción ya ha demostrado parte de las consecuencias adversas que tendrá en nuestra playa, a saber, la avalancha de rocas traídas por el mar que han ocupado gran parte de la playa durante el verano y el otoño. En el futuro veremos más consecuencias. Paradógicamente, las mismas autoridades que han permitido esta expoliación medioambiental haciendo caso omiso de la Ley de Costas han prohibido la retirada de las rocas basándose en la prohibición de retirar arena o piedras del mar y la playa si no es para regeneración descrita en dicha ley. En este punto, algunas personas dirán que sí ha habido una oposición institucional al proyecto, incluso de los que la permitieron. Tarde como siempre.
Como conclusión, nos preguntamos por qué tenemos que estar hablando ahora de estos problemas, cuando se podrían haber evitado si nuestros representantes políticos hubieran realizado bien su trabajo, si hubieran antepuesto el interés general a sus intereses particulares, beneficiando a empresas privadas que ganan miles de millones a costa de nuestra salud y la destrucción de nuestro hábitat.
